El Plan de la Coalición: una alternativa al Plan Chardón

Introducción

La década de 1930 en Puerto Rico es considerada un periodo de crisis y de transiciones que se caracterizó por el alto costo de vida, los salarios reducidos y un desempleo significativo. Las condiciones materiales urgían la elaboración de un programa económico para el país y, para tales fines, el gobierno de Estados Unidos de América (EE. UU.), adoptó el Plan Chardón en el 1934. El Plan Chardón había sido diseñado por sectores asociados principalmente con el Partido Liberal. Entre sus propósitos se encontraban promover la transformación de la estructura productiva impulsando una reforma agraria que permitiera la diversificación de la producción agrícola. Además, interesaba fomentar la creación de nuevas industrias para el sector de la manufactura. Para poder alcanzar tales objetivos era fundamental reorganizar la industria azucarera de la Isla.[1]

No obstante, el Partido Liberal no administraba las instituciones de gobierno en esos años. A pesar de ser la colectividad que mayor cantidad de votos tuvo en las elecciones de 1932 y 1936, un pacto electoral entre el Partido Unión Republicana (PUR) y el Partido Socialista permitió que entre 1933 y 1940 la Coalición Republicana Socialista controlara la Asamblea Legislativa y designara una parte importante de los funcionarios que dirigirían las distintas agencias públicas del país.

No era la primera vez que los republicanos y los socialistas aunaban esfuerzos, pues antes habían firmado acuerdos electorales. Tal fue el caso para los comicios generales de 1924 y 1928. Sin embargo, estas coaliciones eran diferentes a las que se formaron durante la década de 1930 ya que solamente había participado en ellas el sector pequeño burgués del movimiento republicano y ninguna tuvo éxito en las elecciones constituyéndose como minoría en la Asamblea Legislativa. Rafael Martínez Nadal, abogado criminalista, era considerado su principal dirigente de este grupo. En la década de 1930 se incorporó el sector burgués del movimiento republicano a la coalición. Posiblemente su principal representante era el abogado corporativo Miguel Ángel García Méndez.

La Coalición Republicana Socialista se constituyó para sumar en una sola fuerza política el apoyo de diferentes clases sociales y poder controlar la administración de los recursos insulares. Los republicanos procuraron el auspicio de propietarios de capital, así como sus representantes; mientras, los socialistas dirigieron sus esfuerzos para convocar diversos grupos de trabajadores. En términos generales, los constituyentes de estos partidos tenían intereses económicos diferentes y su dirección un perfil social distinto. Sin embargo, sus líderes compartían preferencias similares con respecto al futuro político del país. Ellos apoyaban la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. Además, admiraban y respetaban a la metrópoli como habilitadora de libertades democráticas. Esas ideas proveyeron a la dirección de ambas colectividades elementos en común para la acción.

El Plan Chardón era una amenaza para importantes grupos afines al gobierno coalicionista; especialmente, para sectores que tenían intereses en la industria azucarera, pues promovía la aplicación de la Ley de los 500 Acres que establecía límites en la tenencia de la tierra, así como legislación asociada al Nuevo Trato impulsada por Franklin D. Roosevelt, presidente de EE. UU., y que las organizaciones empresariales y los grandes productores de azúcar consideraban perjudicial para sus intereses económicos. Tales intereses estaban representados principalmente por el PUR.

El propósito principal de este ensayo es examinar el programa económico que fue desarrollado por la Coalición Republicana Socialista como alternativa para el Plan Chardón. Particular atención ofrezco a las propuestas realizadas con respecto a la actividad agrícola; así como a las recomendaciones efectuadas para impulsar la actividad industrial en Puerto Rico. Analizo, además, la posición asumida por las fuerzas coalicionistas en torno a la sobrepoblación. El Plan Chardón identifica estos temas como las áreas de principal atención en la economía. Priorizo en ellos con el interés de poder comparar las propuestas coalicionistas y liberales, y establecer la relación que tenían con los grupos sociales representados por cada una de esas organizaciones.

La Comisión Económica de la Legislatura de Puerto Rico y el desarrollo de un plan económico

Durante el gobierno coalicionista, uno de los años de mayor actividad en torno a la legislación económica fue 1935. Varios factores incidieron, entre ellos se encuentran las frecuentes huelgas de los trabajadores en la industria del azúcar, del tabaco, del pan, de la aguja, la transportación y los muelles. De acuerdo con los informes anuales del Comisionado del Trabajo, entre 1933 y 1934 –los primeros dos años del gobierno coalicionista– el Departamento del Trabajo a través de la Comisión de Mediación y Conciliación intervino en cerca de 130 huelgas en las cuales participaron más de 85,000 trabajadores.

Otro factor a tomar en consideración para explicar la elevada actividad legislativa en asuntos económicos durante el año 1935, fue la elaboración algunos meses antes del Plan Chardón. Las autoridades estadounidenses habían ofrecido su apoyo a dicho plan el 14 de junio de 1934. Fue divulgado al público en general alrededor de seis semanas después, el 28 de julio de 1934. Los legisladores coalicionistas estaban disgustados pues no habían sido consultados con respecto a su contenido a pesar de las solicitudes que realizaron al Gobierno de Estados Unidos.[2] Tres días después, la Comisión Económica de la Legislatura de Puerto Rico (CELPR) asumió la tarea de estudiar el Plan Chardón con el objetivo de crear un proyecto alterno cónsono a los intereses coalicionistas. La Asamblea Legislativa estaba en receso dichos meses.

La CELPR se reunía para atender asuntos de relevancia económica para Puerto Rico cuando no se estaban celebrando sesiones ordinarias o extraordinarias en la Asamblea Legislativa. La CELPR estaba constituida por once legisladores. Había seis representantes y cinco senadores. Entre ellos se encontraban los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado; así como, de las respectivas comisiones de hacienda. Los partidos minoritarios también tenían participación.[3] Había cinco republicanos, cuatro socialistas y dos liberales. Entre 1933 y 1936 los republicanos en la CELPR eran Leopoldo Figueroa, Miguel Ángel García Méndez, Celestino Iriarte, Rafael Martínez Nadal y Etienne Totti. Representando los socialistas estaban Rafael Alonso Torres, Epifanio Fiz Jiménez, Bolívar Ochart y Lino Padrón Rivera. Antonio Barceló y Antonio Piñero eran los liberales.[4] Durante 1937 y 1940, Leopoldo Figueroa, Miguel Ángel García Méndez, Rafael Martínez Nadal, Rafael Padró Parés y Alfonso Valdés eran los miembros de la CELPR adscritos al PUR. Los socialistas eran Rafael Alonso Torres, Epifanio Fiz Jiménez, Bolivar Ochart y Lino Padrón Rivera. Antonio Barceló y Rodolfo Ramírez eran los liberales.[5]

Los republicanos y liberales miembros de la CELPR desempeñaban, por lo general, profesiones de cuello blanco. Entre ellos había abogados, ingenieros y médicos. Mientras que todos los socialistas que eran miembros de dicha comisión eran tabaqueros de oficio. Por ejemplo, entre los miembros de la comisión que pertenecían a la delegación republicana estaban Miguel Ángel García Méndez, Rafael Martínez Nadal y Alfonso Valdés. García Méndez representó a múltiples empresas en la industria azucarera; incluyendo, entre ellas, Central Guánica. Su familia era dueña de la Central Igualdad y poseían también una finca agrícola de 441 cuerdas que estaba valorada en $25,000 en 1935.[6] Por su parte, Martínez Nadal era abogado de profesión que también se dedicó al periodismo y a la administración de empresas, incluyendo de café y carne. Era propietario de una finca en Guaynabo con doce cuerdas y estaba valorada en $40,000 en 1935.[7] Mientras, Valdés era miembro de la familia que fundó Mayagüez Light, Power and Ice Company. Esta era la única corporación generadora de energía eléctrica en la zona occidental de Puerto Rico. Valdés fue vicepresidente de la empresa a partir de 1915. Asumió la posición después de estudiar ingeniería eléctrica en Columbia University. Durante la década de 1930, decidió organizar la Compañía Cervecera de Puerto Rico y dirigió también la Compañía de Azúcar Ana María. Además, era propietario de una finca agrícola en el Barrio Guanajibo de Mayagüez en el 1935. Tenía 61 cuerdas que estaban valoradas en $18,000. En ella estaba cultivando caña de azúcar.[8]

Rafael Martínez Nadal era el presidente de la CELPR. En caso de ausencia, el cargo era ocupado de manera interina por el socialista Rafael Alonso Torres. Después de 1936 solo realizaba dicha labor si no estaban presentes en las reuniones los republicanos Rafael Martínez Nadal o Miguel Ángel García Méndez. Al igual que en la Asamblea Legislativa,[9] los socialistas en su coalición con los republicanos no participaron de manera equitativa y en igualdad de condiciones en la estructura administrativa de la CELPR.[10]

La CELPR creó un grupo de trabajo compuesto por cuatro miembros para desarrollar el plan coalicionista. Había tres republicanos y un socialista. Los liberales no tenían representación. Los integrantes eran Rafael Alonso Torres, Leopoldo Figueroa, Celestino Iriarte y Ettienne Totti. De acuerdo con Jaime Bagué, quien fue subcomisionado de Agricultura y Trabajo en 1931, con ese grupo colaboraron de forma estrecha y activa Edmundo Colón y Francisco López Domínguez. El primero era químico y agrónomo y el segundo trabajó como ingeniero químico azucarero. Ambos fueron consultores de centrales azucareras, dirigieron la Estación Experimental Insular y ocuparon la posición de comisionado de Agricultura y Comercio de Puerto Rico. Interesantemente, López Domínguez fue posteriormente jefe de Rehabilitación Rural para la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA), dependencia gubernamental nuevotratista creada por el Gobierno de Estados Unidos para impulsar la recuperación de la economía insular a través de creación de empleos, distribución de tierras y programas de obras públicas. Rafael Alonso Torres, el único miembro del Partido Socialista en el comité interno de la CELPR, no es mencionado por Bagué como colaborador en la elaboración del programa económico de las fuerzas coalicionistas. En tal caso, el plan habría sido desarrollado solo por miembros del Partido Unión Republicana y profesionales vinculados a la industria azucarera en Puerto Rico.[11]

El grupo de trabajo de la CELPR laboró varios meses en la creación del plan coalicionista. Citaron a representantes de diversos sectores económicos; entre los cuales se encontraban trabajadores, agricultores, industriales, comerciantes y banqueros.[12] El plan se presentó durante el próximo año al comienzo de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. El mismo se llamó Plan para la rehabilitación económico-social de Puerto Rico.

Para tales fines, los legisladores de la Coalición Republicana Socialista radicaron medidas en la Cámara de Representantes y el Senado. Las mismas se sometieron el 12 de febrero de 1935. La Resolución Concurrente de la Cámara 1 y la Resolución Concurrente del Senado 1 eran iguales. Decidieron presentarla en ambos cuerpos legislativos para aprobar aquella que cumpliera el trámite más rápido.[13] Habían pasado poco más de seis meses desde la divulgación del Plan Chardón.

La R. Conc. de la C. 1 fue suscrita por los republicanos Miguel Ángel García Méndez, Leopoldo Figueroa y Ettiene Totti y los socialistas Rafael Alonso Torres y Lino Padrón Rivera. Todos pertenecían a la CELPR y tres formaban parte del grupo de trabajo que elaboró el plan. Mientras, la R. Conc. del S. 1 se presentó con la firma de todos los senadores coalicionistas. Medidas en la cual todos los legisladores coalicionistas aparecían como coautores no era común. En la Cámara de Representantes sucedió solo en una ocasión. Fue en la sesión ordinaria de 1933. La R.C. de la C. 200 tenía como objetivo: la creación del Comité Olímpico de Puerto Rico.[14] Mientras en el Senado, ocurrió únicamente cinco veces durante el periodo histórico estudiado. Además de la R. Conc. del S. 1 de 1935, también aconteció con la R. Conc. del S. 14 de 1934, la R. Conc. del S. 6 de 1935, el P. del S. 108 de 1936 y el P. del S. 183 de 1937.

Las primeras dos iniciativas estaban relacionadas con el plan económico coalicionista; mientras, las últimas dos eran piezas de carácter administrativo. La R. Conc. del S. 14 de 1934 expresaba solidaridad con la petición de grupos empresariales del país al presidente de Estados Unidos para que solucionara el conflicto económico que, a juicio de ellos, había creado el Nuevo Trato. Especial referencia hacía a la Ley de Ajuste Agrícola de 1933. La R. Conc. del S. 6 de 1935 ordenaba la asignación de los recursos necesarios para realizar una campaña de publicidad en defensa de los intereses económicos insulares ante las autoridades metropolitanas. Por otra parte, el P. del S. 108 de 1936 autorizaba un préstamo de $6,000,000 para completar obras municipales. Mientras el P. del S. 183 de 1937 enmendaba la ley que formó un gobierno especial para San Juan. Todas estas medidas fueron aprobadas.

La R. Conc. de la C. 1 y la R. Conc. del S. 1 se titularon:

Para exponer al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América los males económicos y sociales de El Pueblo de Puerto Rico y apuntar recomendaciones específicas para la completa rehabilitación económico-social de la Isla.[15]

Los partidos coligados señalaron en su parte expositiva que la crisis económica de Puerto Rico respondía a diversos factores; incluyendo, entre ellos, los huracanes y la depresión mundial. Destacaron, sin embargo, con particular énfasis, los efectos causados por la Ley Costigan Jones. Desde su perspectiva, la inclusión del azúcar como un producto básico en las disposiciones de la Ley de Ajuste Agrícola de 1933, agravó el problema de subsistencia en el país. Consideraban que la restricción impuesta en la producción de la caña de azúcar provocó un aumento en el desempleo, una reducción en el ingreso familiar y aumentos de precio en artículos de primera necesidad.[16] Para ellos, una razón fundamental para el empobrecimiento de las familias puertorriqueñas era esa legislación producida por el Nuevo Trato.

La Comisión de Normas de Puerto Rico –que fue responsable de producir el Plan Chardón (también conocida como Comisión del Plan Puertorriqueño)– discrepaba de dicha interpretación. Coincidía sobre el efecto negativo que los huracanes y la depresión mundial tuvieron sobre la economía insular. Sin embargo, su posición con respecto a la Ley Costigan Jones era diferente. El Plan Chardón proponía reglamentar la industria azucarera y transformar la estructura productiva mediante la diversificación agrícola y la industrialización. Para poder cumplir con tales fines, usaría esa ley del Nuevo Trato. En tal contexto, entendían que la misma era favorable para el país.[17]

Para los partidos coligados, otro elemento adicional al que debía ofrecérsele atención al señalar los factores responsables de la crisis económica, era la deuda pública de Puerto Rico. Entendían que la misma era un obstáculo para la reconstrucción económica del país y, por tanto, consideraban indispensable reestructurar la misma para poder liberar recursos para otros fines; entre ellos, la construcción de obras públicas tales como carreteras y sistemas de riego que ayudarían a promover el desarrollo de las riquezas en la Isla.

La Coalición Republicana Socialista sabía la urgencia que había de rehabilitar la economía y estaba dispuesta a colaborar con el Gobierno de Estados Unidos, pero no renunciaría al derecho que entendía tenía para ejecutar cualquier programa gubernamental dirigido para tales propósitos y tampoco tomaría medidas que afectaran adversamente intereses económicos de sus constituyentes. Desde su perspectiva, el Nuevo Trato no estaba teniendo los efectos deseados. Sostenían que:

[L]as medidas tomadas por la administración nacional para conjurar la situación [económica] no han logrado mejorar nuestro caso porque algunas no se han aplicado aquí, otras se han aplicado a medias, y otras han resultado contraproducentes para nuestra economía.[18]

Para validar su posición señalaban que mientras en otras jurisdicciones estadounidenses las iniciativas nuevotratistas estaban teniendo efectos positivos; en Puerto Rico, ese no era el caso. Aún no se comenzaba con la construcción de barriadas obreras ni de granjas de subsistencia. Tampoco se estaban otorgando los préstamos para hogares con unos términos flexibles ni facilitando acceso a préstamos comerciales e industriales. El financiamiento a los agricultores también era limitado pues muchas agencias de crédito no querían autorizar préstamos debido a la incertidumbre prevaleciente con respecto la aplicación de la Ley de Ajuste Agrícola de 1933. Dicha legislación establecía unas compensaciones que no se habían hecho efectivas a pesar de que ya se estaba limitando la producción en sectores importantes como la industria del azúcar. Simultáneamente, la Ley Nacional de Recuperación Industrial (NIRA por sus siglas en inglés) había paralizado la industria de la aguja pues provocó un incremento significativo en los precios de los productos industriales. Las fuerzas coalicionistas resumían la situación económica:

Subsisten […] sin haber sido aliviados sensiblemente un lastre hipotecario público y privado que hay que descargar, una política de restricciones a la producción y a la exportación que hay que modificar o compensar, una incapacidad en el crédito refaccionario que hay que convertir en capacidad, una carestía de la vida que hay que transformar en abundancia, y un pasmo de la iniciativa y de la voluntad que hay que cortar con la adopción de actitudes definitivas y de remedios prácticos.[19]

Desde su perspectiva, existía un ambiente de incertidumbre en el país que se agravó tras el anuncio de las autoridades metropolitanas adoptando como programa económico al Plan Chardón. Por tal razón, incluían en la resolución concurrente el proyecto preparado por la CELPR. Este debía servir de referente en la crisis económica. Según Rafael Martínez Nadal y Bolívar Pagán era “un programa de reconstrucción mucho más amplio y ambicioso que el que [...] está [...] bajo la jurisdicción de la PRRA”.[20] Además, aseguraban, promovería “una rehabilitación sin utopías”.[21] Estaban haciendo referencia al Plan Chardón.

El Plan para la rehabilitación económico-social de Puerto Rico

El Plan para la rehabilitación económico-social de Puerto Rico tenía 122 páginas. Realizaba propuestas sobre asuntos fiscales, agrícolas, industriales, comerciales y obras públicas. Sus objetivos eran reducir la deuda pública y privada, intensificar la actividad agrícola comercial, promover nuevas industrias en el país, proponer un plan para la construcción de obras públicas y fomentar las exportaciones de mercancías a través de la creación de unas zonas de libre comercio. Pero su prioridad eran los problemas fiscales y agrícolas.

A. El problema de la deuda

El primer tema fue la deuda pública de Puerto Rico. En el año 1935 alcanzó $72,523,432. Esta suma representaba al menos cinco veces el presupuesto insular. Tomaba en consideración las emisiones de bonos realizadas tanto a nivel insular como a nivel municipal y el pago de intereses.

Fuente: Plan para la rehabilitación económico-social de Puerto Rico , p. 451.

La mayor parte de dichos préstamos se utilizaron para realizar obras públicas permanentes. Otros se destinaron para la consolidación de deudas y el pago de gastos recurrentes.[22] Generalmente las tasas de interés en el mercado fluctuaban entre cuatro (4) y siete (7) por ciento y la amortización de algunos de los empréstitos se iba a extender hasta el año fiscal 1974 -75. Durante la década de 1930, el pago anual para el servicio de la deuda era alrededor de $4 millones. Esta cifra representaba casi una tercera parte del presupuesto gubernamental.[23]

Además, los recaudos públicos habían disminuido de manera dramática en años recientes. Una de las razones principales fue la reducción del valor de las propiedades sujetas a contribución. En 1927 dicha cifra era $338 millones. En 1934 bajó a $297 millones. La merma fue cerca de 12 %. Simultáneamente, en ese mismo periodo de tiempo, la capacidad de pago de los contribuyentes disminuyó de forma significativa provocando mayor morosidad en el pago de las deudas aumentando, de esta forma, los impuestos pendientes de cobro de $1,520,000 a $7,700,000.[24]

Las fuerzas coalicionistas afirmaban con orgullo el cumplimiento fiel de todas las obligaciones contraídas con los tenedores de bonos y otros valores que constituían la deuda. Habían estado realizando los desembolsos correspondientes, aún durante la crisis económica. Reconocían, no obstante, que asumir esos compromisos limitaba severamente el desarrollo del país:

El Pueblo de Puerto Rico está sufriendo en la actualidad los efectos de una crisis económica sin precedentes, como resultado de la cual el cumplimiento de estas obligaciones resulta una carga onerosa y manifiestamente perjudicial a su progreso.[25]

La deuda pública era un obstáculo importante en la reconstrucción económica de Puerto Rico. Propusieron consolidar la misma para extender fechas de vencimiento y reducir tasas de interés. Querían aliviar la responsabilidad contributiva del sector agrícola mientras; simultáneamente, se lograba liberar algunos recursos para atender las necesidades públicas. Para consolidar la deuda pública de Puerto Rico, la CELPR propuso que se le solicitara al Congreso de Estados Unidos un préstamo de $50 millones a una tasa de interés de uno por ciento con un término de vencimiento a ochenta años. El préstamo comenzaría a pagarse tras veinte años de emitido. Para tales fines, el legislador socialista Rafael Alonso Torres presentó el 22 de marzo de 1935 la R.C. de la C. 209 por solicitud de la CELPR, autorizando esa emisión de bonos para refinanciar y consolidar la deuda pública del país. Para pagar ese empréstito establecerían un impuesto especial sobre la propiedad hasta el año fiscal 2014 -15.

La Comisión del Plan Puertorriqueño coincidía con la CELPR en torno a las restricciones que imponía la deuda pública a la rehabilitación económica y la deseabilidad que el sector agrícola –particularmente los pequeños y medianos propietarios– pagara tasas contributivas más bajas. Sin embargo, su propuesta era distinta. En el Plan Chardón se elaboró un esquema en el cual el gobierno insular iba a asumir la deuda municipal y usaba de manera creativa los beneficios que eran ofrecidos por iniciativas nuevotratistas para cancelarla en un periodo razonable de tiempo. No apoyó la consolidación por diferentes razones; entre ellas, la dificultad de hallar compradores de nuevos bonos en términos favorables para el país y la negativa de potenciales compradores a cancelar los mismos antes de su fecha de maduración.[26]

B. La reconstrucción agrícola

La CELPR estimaba que tomaría veinte años consumar la “reconstrucción agrícola”[27] con la implementación de un plan que había diseñado de forma escalonada a partir de tres fases. Primero, era necesario resolver los problemas hipotecarios para evitar las ejecuciones de fincas. Después debía facilitarse el acceso a las instituciones de crédito y a los préstamos de refacción. Por último, se iba a incentivar la producción en la industria agrícola a todos los niveles; particularmente, la escala comercial. Se observa una articulación cuidadosamente planificada por la CELPR entre la propuesta para atender el problema de la deuda y la reconstrucción agrícola.

Primera fase: atender el problema del endeudamiento hipotecario

De acuerdo con la CELPR, los problemas hipotecarios era el tema que debía atenderse con mayor urgencia en cualquier programa de rehabilitación para la economía de Puerto Rico. Particular prioridad debía otorgarse a las fincas que se encontraban en peligro de ejecución. Consideraba que la morosidad en el pago de gravámenes amenazaba a agricultores y terratenientes pues representaba la posibilidad de perder sus fincas.

Sugería un acuerdo entre las autoridades insulares y las instituciones financieras para que las fincas que estuvieran en peligro de ejecución se trasladaran a la División de Hogares Seguros. Esta agencia asumiría los pagos adeudados por los agricultores y por los propietarios para que estos pudieran continuar residiendo en la finca con su familia y evitar de esa forma el desahucio. La institución financiera cancelaría la deuda tras completarse los pagos adeudados por la finca permitiéndole, además, recuperar con esa transacción la totalidad del dinero que había prestado. Estos recursos los destinarían entonces para conceder nuevos préstamos sobre la propiedad rural. Esta iniciativa fue concebida para cumplir con varios propósitos de forma simultánea. Por un lado, evitaba que los agricultores y los propietarios con problemas económicos perdieran sus fincas. Ofrecía, por otra parte, asistencia económica a las instituciones financieras en tiempos de crisis y ayudaba a estabilizar el mercado hipotecario insular; pues cuando dichas empresas ejecutaban propiedades para intentar cobrar la deuda no pagada por sus dueños, por lo general, estas eran vendidas luego a través de subastas públicas a precios más bajos. Dichos eventos causaban pérdidas a los bancos, limitaban sus recursos para poder continuar ofreciendo préstamos y deprimían el valor de las propiedades en el mercado. Para tales propósitos, Celestino Iriarte, legislador republicano y miembro de la CELPR, radicó el 22 de marzo de 1935 el P. de la S. 303.[28] Para las fuerzas coalicionistas el método presentado con esa medida era más apropiado que el recomendado por la Comisión del Plan Puertorriqueño. Consideraban que el Plan Chardón proponía:

[El] sistema menos lógico y más costoso de la contemplación impávida del éxodo de los agricultores desahuciados de sus hogares, para luego pretender correcciones quizás tardías a base de la creación de nuevos agricultores propietarios.[29]

Otras medidas que fueron recomendadas para abordar los problemas hipotecarios de los agricultores y de los propietarios, fue impulsar legislación metropolitana para cancelar deudas que habían sido contraídas con la Puerto Rico Hurricane Relief Commission así como refinanciar los préstamos hipotecarios de las fincas urbanas a través de la Home Owners’ Loan Corporation. Solicitaban a dicha institución $10 millones para tales propósitos.[30]

Segunda fase: facilitar acceso para el financiamiento en la agricultura

Luego de atender los problemas hipotecarios y evitar las ejecuciones de fincas era indispensable facilitar a los agricultores y a los propietarios acceso a las instituciones de crédito, así como a los préstamos de refacción con tasas de interés reducidas y unas garantías razonables para que los agricultores pudieran sostener las operaciones de sus respectivas empresas a través de la conservación, de la reparación o de la adquisición de nuevas recursos y herramientas para la producción.

Para estos propósitos sugerían enmendar la Ley de Préstamos Agrícolas Federales. Interesaban que el Congreso de Estados Unidos creara un distrito bancario en Puerto Rico para que instituciones financieras estadounidenses pudieran operar con un mayor grado de autonomía, tomaran decisiones evaluando las circunstancias locales y agilizaran los procesos administrativos. Entre esas instituciones se encontraban el Federal Land Bank, el Federal Intermediate Credit Bank, Production Credit Corporation y el Bank for Cooperatives. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico solicitó formalmente tales enmiendas al Congreso de Estados Unidos a través de la R. Conc. del S. 17 del 22 de marzo de 1935.

El “Fondo para el Fomento de Asociaciones Cooperativas Agrícolas” creado por la Resolución Conjunta 4 del 9 de abril de 1934 iba a ser otro de los instrumentos empleados. Proponían capitalizar el mismo aumentando sus recursos desde $100,000 hasta $500,000.[31] Además, sugerían reforzar el fondo de seguro agrícola contra huracanes añadiendo $2 millones. El mismo se iba a modificar para que no garantizara única y exclusivamente préstamos bancarios, sino que también pudiera ofreciera compensación por daños que fueron ocasionados a las plantaciones.[32]

Estas medidas interesaban atender los problemas de financiamiento en la agricultura y deseaban promover las condiciones necesarias para poder reactivar la producción en este sector. El objetivo era distinto al Plan Chardón pues no aspiraba cambiar la estructura productiva de país. Su propósito principal era presentar iniciativas que permitieran intensificar el cultivo comercial; mientras, de forma simultánea, satisfacía la política agraria que había sido establecida por el Gobierno de EE. UU.

Tercera fase: incentivar la producción en la agricultura

De acuerdo con la CELPR, el Gobierno de Estados Unidos estaba promoviendo “la división de la propiedad agraria en fincas de moderada extensión […] y la creación de nuevos agricultores”[33]. Las fuerzas coalicionistas se iban adherir a dicho principio y fomentar la pequeña propiedad; pero a diferencia de la propuesta realizada en el Plan Chardón por la Comisión del Plan Puertorriqueño, no dividirían las grandes plantaciones azucareras para conseguir tales propósitos debido a que querían proteger la industria que había sido la base económica del país por las pasadas décadas. Específicamente esa era la posición del PUR, cuyos miembros presidían ambas cámaras de la Asamblea Legislativa y constituían mayoría en la CELPR; así como en el grupo de trabajo formado para producir el Plan para la rehabilitación económico-social de Puerto Rico.

En cambio, proponían la creación de distintos tipos de fincas para diferentes grupos. Concretamente recomendaban la organización de granjas de subsistencia para los trabajadores y de pequeñas fincas rurales para los agricultores individuales. Además, continuarían ofreciendo su apoyo a la producción de cultivos comerciales en gran escala.

Las granjas de subsistencia eran fincas menores. Su propósito era complementar los salarios recibidos por los trabajadores mediante la venta de su fuerza de trabajo en el mercado. Podía constituir también una fuente de bienes necesarios en los momentos de desempleo. Cualquier persona podía beneficiarse debido a que no se iba a requerir experiencia agrícola previa. Por otra parte, las fincas rurales –llamadas también granjas agrícolas– tenían como objetivo proveer a los agricultores particulares los medios suficientes para satisfacer todas sus necesidades sin tener que recurrir a un trabajo asalariado. Estas se otorgarían a:

Agricultores con familia, capacitados, que hayan tenido experiencia previa en el manejo de una finca, y que reúnan además las condiciones indispensables de salud y moralidad.[34]

Su tamaño iba a ser superior a las granjas de subsistencia.

Los terrenos necesarios para crear las granjas de subsistencias y las granjas agrícolas iban a ser adquiridos mediante fincas que estuviesen en peligro o que fueran a ser ejecutadas por bancos. No se consideraba como alternativa la expropiación de tierras a través de la Ley de los 500 Acres pues se utilizaría el plan diseñado para combatir los problemas hipotecarios en el país donde las autoridades gubernamentales asumirían la responsabilidad del pago de la deuda para evitar el desahucio del agricultor propietario de forma tal que pudiera seguir residiendo en parte de la finca. El resto se dividiría en pequeños lotes para distribuirse entre otros trabajadores y agricultores proveyéndole, además, materia prima, herramientas y asesoramiento técnico para trabajar la tierra. Las personas interesadas y que fueran elegibles tenían la opción de arrendar o comprar esas tierras. La CELPR propuso que los préstamos otorgados para dichos fines se realizarían por un término de veinte años.

Para poner en marcha estos proyectos se iba a crear un fondo por la Asamblea Legislativa que se dotaría con asignaciones permanentes de las autoridades gubernamentales insulares. Además, se iba a estar solicitando asistencia económica del Gobierno de Estados Unidos. El costo estimado para las granjas de subsistencia era $2 millones[35] y para las granjas agrícolas era $16 millones.[36] La División de Hogares Seguros adscrita al Departamento del Trabajo de Puerto Rico sería responsable de administrar estos programas.

La Coalición Republicana Socialista sugería que los trabajadores y los agricultores destinaran parte de sus fincas a la producción de alimentos de subsistencia y, para tales propósitos, los apoyarían facilitando los recursos necesarios a través de la creación del Negociado de Alimentos adscrito al Departamento de Agricultura y Comercio de Puerto Rico. Además, sugerían legislación para que los terratenientes dedicaran el cinco por ciento de sus tierras a dicho uso. El costo estimado era $130,000.[37]

En el plan de reconstrucción agrícola se otorgó mucha atención a los cultivos comerciales; en especial la industria del azúcar pues esa mercancía constituía “la base y el eje de la economía general ya que ellos mantienen en equilibrio la balanza comercial de exportación e importación”.[38] Puerto Rico, desde su perspectiva, debía especializarse en la producción de esa mercancía e intercambiar sus excedentes en el mercado internacional por artículos que requiriese la población y para los cuales no existieran las condiciones adecuadas que permitiera su producción en el país. De esta forma, se aseguraba, que los recursos insulares fueran empleados de una manera eficiente.

Para apoyar la producción azucarera, la CELPR propuso flexibilizar ciertas restricciones. Específicamente, solicitó incrementar la cuota de producción fijado por la Ley Costigan Jones. Recomendó que para el próximo año la cuota fuera establecida en un millón de toneladas. Demandaba un aumento de 19.7 % con respecto a 1934, cuando la cuota fue 803,000 toneladas. Favoreció que las cuotas se distribuyeran de forma progresiva entre las empresas, según su tamaño. Estarían exentas de restricciones las fábricas que produjeran al año menos de 5,000 toneladas.[39] Además, solicitaron a las autoridades metropolitanas permitir que los productores insulares dispusieran del excedente de azúcar provocado por el efecto retroactivo de la Ley Costigan Jones y mitigar las pérdidas provocadas –tras la imposición de las cuotas de producción– a través del pago de unas compensaciones similares a las que eran recibidas por sus homólogos en los Estados Unidos. La CELPR entendía que los desembolsos de dinero que eran estipulados por la Ley Costigan Jones debían ser destinados para la utilización exclusiva de los productores en la industria de la azúcar que se habían visto obligados a restringir su producción luego de la aprobación de esa legislación. La restricción progresiva de las cuotas de acuerdo con el tamaño de la empresa permitiría que las grandes corporaciones fueran las principales beneficiarias en dicho esquema de compensaciones.[40] Otras medidas propuestas para la industria azucarera eran uniformar el procedimiento para determinar el rendimiento en azúcar de la caña vendida por los colonos a las centrales[41] y solicitar legislación metropolitana para evitar que el pago del impuesto por el procesamiento de azúcar fuera traspasada al colono.

Esta propuesta era diferente a la que fue elaborada por la Comisión del Plan Puertorriqueño en el Plan Chardón donde sugería que el fondo se usara para la rehabilitación económica del país. Rechazaba que el mismo se distribuyera únicamente entre los productores de azúcar.[42]

El plan coalicionista también efectuó recomendaciones para otros cultivos comerciales. Para el café, sugirió promover investigaciones en torno a diversos aspectos de su producción. Crearía para tales fines subestaciones experimentales adscritas a la Universidad de Puerto Rico (UPR). Algunas funciones serían proveer semillas y materiales de siembra de una calidad superior. El objetivo principal era aumentar el rendimiento por cuerda cultivada en la industria agrícola. Establecer las subestaciones experimentales de café con el equipo y los materiales necesarios costaría aproximadamente $200,000.[43]

En la industria del tabaco el interés era aumentar la cantidad de compradores en el mercado. Porto Rico American Tobacco Corporation era el principal comprador y disponía de gran poder para fijar el precio de esa mercancía a nivel local. Las propuestas presentadas eran limitadas pues solamente se solicitaba a la Administración de Ajuste Agrícola que enviara un representante para realizar los estudios correspondientes y tomar las acciones que considerara fueran necesarias. Mientras tanto, el Departamento de Agricultura y Comercio de Puerto Rico podía poner en contacto a los vendedores locales con las fábricas estadounidenses de tabaco.[44]

C. El desarrollo industrial

Desde la perspectiva de la CELPR, la agricultura comercial debía continuar siendo la principal actividad económica en Puerto Rico; particularmente, la producción de caña de azúcar. Sin embargo, también interesaba fomentar nuevas industrias como una actividad complementaria. Las iniciativas industriales eran necesarias para aprovechar al máximo los productos de la tierra y multiplicar su valor en el mercado. Ellas podían evitar reducciones en los precios agrícolas mediante el uso de los excedentes en la elaboración de otras mercancías útiles para la población.[45]

Uno de los principios medulares del programa de industrialización era la utilización de las materias primas y los recursos minerales que estaban disponibles de forma abundante en el país. Las posibilidades industriales se clasificaron en tres grupos según la escala de producción: industrias caseras, industrias pequeñas e industrias mayores. Era un esquema similar al utilizado para la distribución de tierras en granjas de subsistencia, granjas agrícolas y cultivos comerciales. Crearían el Negociado de Industrias y la Junta Técnica de Investigaciones Industriales adscritos al Departamento de Agricultura y Comercio de Puerto Rico para incentivarlas.[46]

Las industrias caseras fueron definidas como actividades realizadas en el hogar por miembros de la familia para fabricar artículos de utilización personal mediante métodos sencillos. Se menciona confección de sandalias, elaboración de canastas y fabricación de quesos, entre otros. Para promover esta actividad se iban a coordinar diversos talleres prácticos.[47]

Las industrias pequeñas eran fábricas con inversiones moderadas de capital dirigidas a transformar diferentes bienes agrícolas –y sus posibles derivados– en mercancías comerciales. Las autoridades insulares financiarían y administrarían las operaciones iniciales de estas fábricas hasta que se demostrara que las mismas eran rentables. En dicho momento, se iban a vender en una subasta pública a empresarios particulares que estuviesen interesados en asumir dicho negocio. El nuevo propietario iba a estar exento del pago de toda contribución durante cinco años. Algunos productos podrían ser miel de abeja, sirope de caña y muebles de paja. Para establecer estas pequeñas plantas industriales, la Asamblea Legislativa solicitó al presidente de Estados Unidos, mediante una resolución conjunta, la asignación de $100,000.[48]

Las industrias mayores se iban a promover específicamente para dos actividades: desarrollar nuevos procedimientos para aprovechar materias primas abundantes en el país e impulsar la producción en una mayor escala de artículos que ya fueran elaborados en Puerto Rico. Para el primer grupo mencionaban iniciativas tales como embotellamiento de jugo de china, extracción de cera y fabricación de carbón vegetal con los residuos de la caña de azúcar. Determinarían las posibilidades comerciales de esas mercancías organizando plantas de ensayo. Estimaban el costo del programa en $150,000.[49]

La Junta para el Fomento Industrial se crearía para servir a las empresas del segundo grupo; es decir, que se dedicaran a producir a mayor escala artículos que ya fueran elaborados en el país. Dicha junta estaría constituida por representantes del gobierno insular y el gobierno metropolitano. Su función principal era administrar un fideicomiso que sería dotado con no menos de $6 millones. El interés era ofrecer las oportunidades necesarias a los productores de materias primas para organizar asociaciones cooperativas a través de un programa de préstamos industriales. Actividades tales como la manufactura de cigarros y de cigarrillos, la elaboración de algodón, la producción de alimento para ganado y el enlatado de frutas; entre otras, podrían beneficiarse de la iniciativa.[50]

La Comisión del Plan Puertorriqueño tenía otros planes para el sector industrial del país. Desde su perspectiva, este debía ser en el futuro la principal actividad económica de la Isla. Sostenía que la mayor parte de la producción debía estar destinada para el consumo local. Coincidía, sin embargo, con la CELPR así como con la Coalición Republicana Socialista en que resultaba necesario utilizar para tales propósitos la materia prima que se encontraba de forma abundante en Puerto Rico.[51]

D. Los proyectos de obras públicas

Para fomentar el desarrollo de la riqueza agrícola, industrial y comercial de Puerto Rico era fundamental poder disponer de la infraestructura necesaria. Para tales propósitos, se incluían diversos proyectos de obras públicas en el plan que había sido elaborado por la CELPR. Recomendó edificar viviendas, escuelas y hospitales; crear acueductos y alcantarillados; desarrollar un sistema de fuentes fluviales y de riego; construir caminos y carreteras insulares; y mejorar los puertos.

Sobre la edificación de viviendas, la CELPR sugirió construir en zonas rurales y urbanas. Recomendó producir alrededor de 20,000 unidades con un área estimada de 420 pies cuadrados para ofrecerla a familias por $800. El costo total del proyecto se estimó en cerca de $16 millones.[52] En torno a las escuelas, el interés principal era construir aproximadamente 1,200 salones de clase. La mayoría de los salones existentes estaban en edificios que eran alquilados por los municipios. El objetivo de esta iniciativa era prescindir de su arriendo para el cual el Gobierno de Puerto Rico destinaba $150,000 anuales. Se calculó el costo en $4 millones.[53] Con respecto a la organización de un sistema de beneficencia para el país, propuso la construcción de siete hospitales de distrito, un hospital de emergencia por municipio, servicios de dispensario, medicinas, así como profesionales de la salud. El costo sugerido para dicho sistema era aproximadamente $2 millones.[54] Por otra parte, el interés con la creación de acueductos y alcantarillados era abastecer de agua a las zonas rurales. En 1935 había acueductos en las zonas urbanas, de 73 de los 77 municipios. Solamente 30 pueblos tenían alcantarillado. Muchos acueductos no tenían plantas de purificación y los alcantarillados necesitaban reparaciones. Se estimó el costo en alrededor de $5 millones.[55] De igual forma, en el plan coalicionista se interesaban fomentar la generación de energía eléctrica. Uno de los objetivos principales era facilitar las operaciones de empresas en la industria del azúcar. Se estimaban el costo de las obras en más de $25 millones.[56] Propósitos similares para el comercio tenía la propuesta de construir 1,500 kilómetros de caminos y carreteras insulares y municipales. Se estimaba que dichas obras tomarían 10 años y costaría $50 millones. Se identificó como una posible fuente de ingreso para pagar este proyecto el impuesto que se había fijado a la gasolina.[57] Por último, en el plan se estimaba imprescindible realizar mejoras a los puertos insulares destinando recursos para hacer dragados, canales, diques, muros, rompeolas, puentes y terminales. Especial atención tendrían los puertos de San Juan, Ponce y Mayagüez, así como los puertos de Arecibo, Aguadilla, Ceiba, Fajardo, Guánica, Vieques y Yabucoa.[58]

El costo del programa de obras públicas se estimaba en aproximadamente $123 millones. Para financiar el mismo, las autoridades insulares asignarían parte de los recursos necesarios y pedirían apoyo al gobierno metropolitano para completar los fondos con préstamos y otras ayudas. Uno de los objetivos principales del programa de obras públicas propuesto por la CELPR, era proveer la infraestructura para fomentar el desarrollo de la riqueza agrícola, industrial y comercial. Las empresas privadas se beneficiarían especialmente de dicha inversión pública pues le facilitaría servicios de energía eléctrica a precios relativamente bajos, abundancia de agua para los cultivos, una red vial para comunicar los centros de producción con los diferentes mercados domésticos y puertos en condiciones apropiadas para trasladar los productos locales a mercados foráneos.

E. Iniciativas para fomentar el comercio

La Coalición Republicana Socialista propuso la creación de una zona de libre comercio para maximizar el impacto de esa infraestructura en la actividad productiva de Puerto Rico, facilitar el intercambio comercial y crear nuevos mercados para las mercancías domésticas.

El Congreso de EE. UU. había aprobado el 18 de junio de 1934 una ley para crear estas zonas en puertos que estuviesen bajo su jurisdicción con el interés de fomentar el comercio extranjero. Las CELPR entendía que se podía obtener provecho de la posición geográfica del país a través de dicha legislación e identificó para tales propósitos un área de 87 acres en el Puerto de San Juan.[59] Sin embargo, los desembolsos necesarios para habilitar ese terreno eran significativos pues debían construirse malecones, muelles, almacenes, edificios, acueductos y alcantarillados y la infraestructura necesaria para proveer energía eléctrica. El plan de obras públicas no era suficiente. Se sugirió comenzar la zona franca en parte de la parcela señalada y ampliarla posteriormente. Para preparar la misma se requería una inversión de $415,000.[60]

Para la CELPR, esta zona de libre comercio no menoscabaría la ventaja competitiva de Puerto Rico en el mercado metropolitano por su participación en el sistema arancelario de Estados Unidos. Favorecía la protección aduanera porque mediante ella se beneficiaban determinadas empresas que exportaban mercancías a EE. UU. al permitirle vender mercancías a precios más altos que los vigentes a nivel internacional. La industria azucarera era uno de los principales beneficiarios. Justificaba su posición con un informe publicado en el 1918 por la Comisión de Tarifas de Estados Unidos. Según ese documento, el propósito principal de las zonas francas era:

Alentar las negociaciones en mercaderías extranjeras que son importadas no para consumo doméstico sino para la exportación a mercados extranjeros y para acondicionarlas o combinarlas con productos domésticos antes de ser exportadas.[61]

Sin embargo, en Estados Unidos estas zonas tenían funciones más restringidas que en el resto del mundo. Únicamente permitía la entrada de mercancías que fueran a ser reexportadas hacia otros lugares y prohibía el comercio de artículos para el consumo local. Había, además, otra limitación importante. Los bienes elaborados y/o almacenados allí estaban sujetos a leyes y reglamentos de importación si eran introducidos a otro territorio de EE. UU.; incluyendo, las leyes de cabotaje. Tales condiciones limitaban las ventajas y los beneficios que podían obtenerse de las zonas francas en Puerto Rico, pues uno de los atractivos principales que tenía un puerto de libre comercio en el país era la posibilidad de reexportar mercancías foráneas hacia el mercado estadounidense.

F. La sobrepoblación

Por último, el Plan para la Rehabilitación Económico–Social de Puerto Rico abordó el tema de la sobrepoblación. Informes previos señalaron este asunto como un inconveniente mayor que se debía atender para mejorar las condiciones de vida del país. Tal fue la posición asumida por el Brookings Institution en Porto Rico and Its Problems publicado en el año 1930 y por la Comisión del Plan Puertorriqueño a través del Plan Chardón divulgado en 1934.

Sin embargo, a juicio de las fuerzas coalicionistas, la alta densidad de la población insular no debía representar problema alguno para lograr la rehabilitación económica de Puerto Rico, ya que el país tenía los recursos para que todas las personas pudieran satisfacer sus necesidades. Comentaban al respecto:

No nos aterra el crecimiento de nuestra población porque creemos que no es problema insoluble el mantenerla y mantenerla a un nivel de vida en consonancia con las ideas modernas.[62]

Para ellos, fomentar la emigración y restringir la natalidad –propuestas que habían sido favorecidas por la Comisión del Plan Puertorriqueño para atender el tema demográfico del país– no eran las únicas soluciones posibles. Incluso, tampoco pensaba que eran las mejores opciones. Entendían que la primera alternativa no era conveniente ya que había que considerar las condiciones de vida en el país destino y factores culturales. Sobre las restricciones en la natalidad, señalaban razones morales y religiosas para oponerse.

Para la Coalición Republicana Socialista, las continuas innovaciones tecnológicas permitían aplicar nuevos métodos de producción en la agricultura para mejorar el rendimiento de la tierra. En tal contexto la sobrepoblación dejaba de ser un problema:

El hecho es que a la luz de la ciencia moderna, mediante la aplicación de los nuevos principios técnico –agrícolas y de los nuevos descubrimientos de todas clase, el problema de las poblaciones densas se va esfumando y más bien estas poblaciones pasan a tener un valor económico positivo, constituyendo un activo en vez de un pasivo.[63]

Identificaban la agricultura comercial como principal actividad económica y fuente de subsistencia, tanto en el presente como en el futuro. Aseguraban que la tecnología permitiría emplear los recursos agrícolas de una manera científica para satisfacer las necesidades de la población a través de la especialización y el comercio exterior. Curiosamente la caña de azúcar era señalada como el cultivo con mayores posibilidades de desarrollo. Citando un estudio de la época, aseguraban lo siguiente: “La caña de azúcar en cuanto a su rendimiento de sustancias vegetales útiles es el agrotipo más poderoso que se conoce al servicio de la humanidad”.[64]

En un ejercicio aritmético, que se caracterizó por su generosidad e imprecisión, aseguraron que Puerto Rico podría proveer a través de la agricultura los medios de subsistencia para más de 20 millones de personas si se alcanzaba el rendimiento máximo de las cosechas principales en EE. UU. Afirmaban dicho estimado era conservador. Este análisis permitió la siguiente conclusión:

Como vemos las posibilidades de la caña que es nuestra cosecha principal, son enormes, y ella sólo casi bastaría de por sí a suplir la mayor parte de las necesidades de la vida, si se aprovechara en su totalidad de una manera científica.[65]

Intentaban demostrar cuan conveniente era para el país que la producción de caña de azúcar fuera la principal actividad económica siendo, por tanto, innecesario alterar su estructura productiva. Sostenía, de esta manera, un debate importante con la Comisión del Plan Puertorriqueños sobre al futuro del país. En dicha discusión, las fuerzas coalicionistas ofrecían una mirada distinta incorporando aspectos que no fueron considerados por la Comisión del Plan Puertorriqueño como las innovaciones tecnológicas y el comercio exterior. Sin embargo, a pesar de sus méritos, su análisis obvia las diferencias prevalecientes en la producción agrícola de Estados Unidos y Puerto Rico. Entre dichas diferencias se encuentran la geografía, el suelo, el clima y los recursos disponibles.

Obstáculos para la ejecución del Plan para la Rehabilitación Económico- Social de Puerto Rico

El 18 de marzo de 1935, la Asamblea Legislativa aprobó la R. Conc. del S. 1 que contenía el Plan para la rehabilitación económico-social de Puerto Rico. Las fuerzas coalicionistas acordaron promover ese plan con una intensa campaña de publicidad en la prensa estadounidense y defender los intereses insulares ante el gobierno metropolitano, estaban convencidos que la realidad puertorriqueña no era del todo conocida en Estados Unidos. Con tal fin, el 25 de febrero de 1935 todos los senadores coalicionistas solicitaron a las autoridades insulares la suma de $50,000 mediante la R. Conc. del S. 6.

El 22 de marzo de 1935 radicaron más de veinte medidas para viabilizar el plan económico. La mayoría se presentaron a petición de la CELPR. Sin embargo, ninguna de ellas fue aprobada.[66] Diversos factores incidieron. A mi juicio, los más importantes fueron la limitación de recursos, la ausencia de poderes del gobierno insular y la insatisfacción del presidente del Partido Socialista.

Uno de los obstáculos mayores en la implementación del plan, era su financiamiento. Ejecutarlo era muy costoso pues se necesitaba más de $200 millones, según estimados hechos.[67] Dicha cifra era, al menos, doce veces el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico en el año 1935. El país no tenía esa cantidad de dinero y tampoco disponía del margen prestatario necesario. Podría hacer algunas aportaciones, pero la asistencia de las autoridades metropolitanas era indispensable. Por eso consideraron solicitar un préstamo al Gobierno de Estados Unidos por la cantidad de $100 millones. En 1933 y 1934 ya se habían presentado múltiples proyectos con propósitos similares;[68] incluso, en el mismo año en que fue sometido y aprobado el plan coalicionista por la Asamblea Legislativa, se radicó una medida para consolidar la deuda pública mediante un préstamo de $50 millones.[69] No obstante, ninguna de ellas pudo cumplir su cometido ya que los préstamos no se concedieron. Las autoridades metropolitanas hicieron caso omiso.

La Coalición Republicana Socialista tampoco disponía del poder necesario para ejecutar por cuenta propia el plan de rehabilitación económica y social que diseñó para Puerto Rico. Ciertamente, tenía control absoluto de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esto no era suficiente. Cuando intentó organizar las instituciones correspondientes para la ejecución de dicho programa, la pieza legislativa que fue presentada no recibió la autorización del Gobernador de Puerto Rico. El Gobierno de Estados Unidos había ordenado su veto. Tal fue el caso con el P. de la C. 1 de 1935. Dicho proyecto tenía como objetivo principal promover la rehabilitación insular a través de la creación de una agencia local que ejerciera control sobre la administración de los fondos que fueran provistos por las autoridades estadounidenses para incentivar la recuperación económica del país. La agencia se diseñó siguiendo el modelo de entidades similares en otras jurisdicciones de EE. UU. Se llamó Corporación Insular para la Rehabilitación de Puerto Rico (CIRPR).

La CIRPR era una institución sin fines de lucro. Su junta directiva tenía nueve miembros. Ellos eran el gobernador de Puerto Rico, el presidente de la Cámara de Representantes, el presidente del Senado, el comisionado de Agricultura y Comercio, el comisionado del Trabajo, el Administrador de la PRERA, el jefe del Negociado de Fomento Agrícola de la PRERA, un representante de las organizaciones comerciales y un representante de las organizaciones agrícolas. En su composición estaban representados el gobierno metropolitano, el gobierno insular y organizaciones económicas. La mayoría se identificaban con las fuerzas coalicionistas. Particularmente con el Partido Unión Republicana.

El P. de la C. 1 fue la primera medida presentada en la sesión legislativa del año 1935, develando su importancia para la Coalición Republicana Socialista. La misma se aprobó en la Cámara de Representantes y el Senado. Para que fuera ley solo faltaba la firma del gobernador. Sin embargo, esto no sucedió. EE. UU. ya había aprobado y ofrecido sus recursos al Plan Chardón pues el mismo era cónsono con los objetivos que se habían trazado a través del Nuevo Trato. Además, resultaba menos costoso.

La insatisfacción de Santiago Iglesias Pantín, presidente del Partido Socialista y comisionado Residente, con el Plan para la rehabilitación económico-social de Puerto Rico es otro elemento que considerar para explicar las razones por las que este no fue implementado. El plan apenas abordó a las condiciones de vida de los trabajadores y al problema del desempleo. No aludió a la Ley de 500 Acres ni a la redistribución de tierras de empresas que violaran la misma. Enfatizó en atender los problemas fiscales del país -particularmente, la deuda pública y privada- y en intensificar la agricultura a nivel comercial. Abordaba los principales temas de interés del PUR cuyos miembros presidían ambos cuerpos legislativos y constituían mayoría tanto en la CELPR como en el grupo de trabajo encargado de elaborar el plan de la Coalición Republicana Socialista.

Para el Partido Socialista los asuntos obviados representaban compromisos programáticos. Santiago Iglesias Pantín decidió no impulsar el plan coalicionista ante el Gobierno de EE. UU. Prefirió dirigir sus esfuerzos a la extensión al país todas aquellas leyes metropolitanas que asignaran fondos para la rehabilitación económica y la protección de los trabajadores. Evidentemente, simpatizaba con medidas del Nuevo Trato. Lo expresó en los siguientes términos:

El pensamiento y acción del Comisionado de la Coalición fue, desde el comienzo de sus funciones, mantener el criterio de que, si bien es verdad habíamos sugerido obtener un empréstito de $100,000,000 para comenzar la reforma y restauración fundamental de Puerto Rico, fundados en el punto de vista del poder que nos concede nuestra Carta Orgánica y el Gobierno Insular, creímos no había necesidad de propulsar esta medida por el momento, y esperar a que el procedimiento empleado y la doctrina de reforma económica – social del Presidente Roosevelt y del Congreso llevado a cabo se extendieran y se hicieran práctica como a juicio de la administración debía hacerse en Puerto Rico. Por lo tanto, mi preocupación principal fue hacer una labor inteligente y activa encaminada a conseguir que todas cuantas leyes de carácter federal que llevasen envueltas en sí asignaciones y cooperación para la reconstrucción y auxilios y para distribuirlo en diferentes actividades por todo los Estados de la Unión, se hiciesen extensivas al mismo tiempo a Puerto Rico.[70]

El dirigente socialista apoyaba la doctrina económica de Franklin Delano Roosevelt. Entendía que el presidente de EE. UU. usaba el dinero gubernamental para beneficio de la población. Desde su perspectiva había diferencias importantes con la política adoptada por su antecesor quien facilitó los recursos públicos al sector privado para incentivar la producción. Comentó al respecto:

Hay que distinguir entre el procedimiento que usaba la anterior Administración republicana y el que puso en práctica la actual Administración demócrata. […] [E]l criterio del partido que dirigía Hoover y su Administración era tomar el dinero del Estado y prestarlo a las agencias bancarias, para que estas a su vez prestaran el dinero a las industrias, las que suponía habían de darle trabajo a las multitudes de hombres y mujeres en paro forzoso. Pero el resultado obtenido de esa política económica […] fue que la mayor parte de ese dinero, en vez de ir directamente a las muchedumbres y a los desempleados, se quedó en los bancos y en las empresas industriales […] Roosevelt […] tomó […] el dinero y […] [lo dio] directamente al pueblo que lo necesitaba. Para esto no utilizó los bancos ni los barones de las industrias.[71]

El dirigente socialista rechazaba que se excluyera a las autoridades insulares de la administración de cualquier programa dirigido a la rehabilitación económica para Puerto Rico. Sostenía que la Asamblea Legislativa debía tener jurisdicción. Pero había temas no negociables. Si tenía que escoger entre un plan elaborado y ejecutado por los poderes locales en el cual se relegaban las condiciones de vida de los trabajadores y la implementación de la Ley de 500 Acres o un programa administrado por instituciones metropolitanas que observara estos principios entonces optaría por esto último.

Santiago Iglesias Pantín realizó las anteriores expresiones en la Asamblea General del Partido Socialista el 15 de agosto de 1936. A los tres días renovó el pacto coalicionista para las elecciones de ese año. El deseo de ejercer el limitado poder insular superaría las discrepancias que existían entre los partidos coligados en asuntos económicos.

Conclusión

Entre 1933 y 1940 las fuerzas coalicionistas tuvieron control de la Asamblea Legislativa. Su actividad en este periodo se divide en dos etapas. La primera fue entre 1933 y 1936 que se caracterizó por el esfuerzo de los partidos coligados en promover el programa mínimo acordado. Se aprobaron promesas de campaña de ambas organizaciones. La segunda fue entre 1937 y 1940 que se definió por la limitada colaboración siendo uno de los principales elementos de discordia la aplicación de la Ley de 500 Acres.

En la primera etapa, las fuerzas coalicionistas crearon un programa alterno al Plan Chardón. La CELPR se encargó de su elaboración y, para tales efectos, constituyó un grupo de trabajo donde la mayoría de sus miembros eran republicanos. Fue presentado el 12 de febrero de 1935 a la Asamblea Legislativa con el título Plan para la rehabilitación económico-social de Puerto Rico. Se aprobó el 18 de marzo de 1935 a través de la R. Conc. del S. 1.

Entre sus objetivos principales se encontraban reducir la deuda pública y privada, intensificar la producción en la agricultura comercial, promover nuevas industrias en el país; desarrollar un plan de construcción de obras públicas para facilitar la creación de riquezas y fomentar el intercambio de mercancías con el exterior a través de las zonas de libre comercio. Adoptó recomendaciones elaboradas por el Brookings Institution en Porto Rico and Its Problems. Dicho trabajo fue un referente importante en su redacción.[72]

El programa económico propuesto por las fuerzas coalicionista tenía intereses distintos al Plan Chardón. No aspiraba transformar la estructura productiva del país. Todo lo contrario. Proponía su consolidación. Quería intensificar la actividad agrícola a nivel comercial; mientras, simultáneamente, satisfacía los principios de la política agraria establecida por la metrópoli. Fomentaría la distribución de tierras para crear nuevos agricultores y pequeños propietarios, pero no dividiría las grandes plantaciones azucareras para lograr esos propósitos pues estaba determinado a proteger la base económica de Puerto Rico.

A su juicio, el país debía continuar especializándose en la producción de caña de azúcar. Identificaba a esta industria como la principal actividad económica en el corto y en el largo plazo. No había que preocuparse por la alta densidad poblacional pues las innovaciones tecnológicas facilitarían el uso eficiente de los recursos agrícolas para satisfacer las necesidades de las personas. Para tales propósitos se recurriría al intercambio de los excedentes en mercados foráneos recibiendo a cambio artículos que no podría elaborar el país por carecer las condiciones adecuadas. El desarrollo industrial permitiría aprovechar al máximo todos los productos de la tierra y multiplicar su valor en el mercado. Se veía como una actividad complementaria a la agricultura.

Fuente: Datos recopilados del Informe de la Comisión del Plan Puertorriqueño y del Plan para la Rehabilitación Económico–Social de Puerto Rico .

Con el Plan para la rehabilitación económico-social de Puerto Rico y el Plan Chardón, sectores que estaban vinculados a la Coalición Republicana Socialista y el Partido Liberal sostenían un debate importante en torno al futuro de la organización económica y social del país. A través del Plan Chardón se impulsaba una reorganización de la estructura productiva. Diversificar la actividad agrícola mediante el fomento de los cultivos de subsistencia era el propósito inmediato. Posteriormente, interesaba promover la industrialización de Puerto Rico. Mientras, el plan coalicionista tenía como objetivo consolidar las bases económicas del país intensificando la agricultura comercial y estimulando el desarrollo de nuevas industrias como actividad complementaria.

Ellos eran los interlocutores de los intereses de los grupos sociales que representaban y tenían diferentes redes de apoyo político y apoyo económico tanto en Puerto Rico como en EE. UU. En términos generales, el Plan Chardón estaba siendo promovido por el Gobierno de EE. UU., sectores del Partido Liberal, profesionales progresistas, pequeños agricultores y trabajadores. Mientras tanto, el plan coalicionista disfrutaba del respaldo de la Asamblea Legislativa, la Coalición Republicana Socialista –particularmente el PUR– organizaciones empresariales, profesionales conservadores y grandes terratenientes.

El Partido Socialista se encontraban en una posición difícil ante al plan coalicionista pues apenas hizo alusión a las condiciones de vida de trabajadores y al severo problema de desempleo. Tampoco mencionó la Ley de 500 Acres ni dispuso medida alguna para su aplicación inmediata. Estos asuntos eran muy importantes para la organización pues eran compromisos programáticos. Sin embargo, también tenía un pacto con los republicanos.

La insatisfacción del Santiago Iglesias Pantín, Presidente del Partido Socialista, fue uno de los factores que incidió para que el plan elaborado por las fuerzas coalicionistas no se ejecutara. El Comisionado Residente determinó que no iba a impulsar dicho plan en Washington D.C. Prefirió dirigir sus esfuerzos para extender al país todas aquellas leyes metropolitanas que asignaran fondos para la rehabilitación económica, así como la protección de los trabajadores. Ante tales circunstancias, tras el triunfo electoral de la Coalición Republicana Socialista en 1936, el PUR impulsó establecer una oficina para promover los intereses insulares en Washington, D.C. realizando funciones similares a las que hacía el Comisionado Residente Santiago Iglesias Pantín. La decisión del dirigente socialista de no apoyar el plan coalicionista posiblemente provocó tal acción.

Sin embargo, esta no fue la causa más importante que imposibilitó la aplicación del plan. Razones que tuvieron un mayor peso fueron las restricciones de recursos y la ausencia de poderes. La Coalición Republicana Socialista carecía de estos dos elementos fundamentales para poner en vigor medidas que entendía eran capaces de ofrecer soluciones de largo plazo a la crisis económica. Ella reconoció esas limitaciones en el propio plan económico. Al final de este expresó:

No sabemos, porque no disponemos de recursos propios, hasta qué punto será posible desarrollar este programa de acción. Esto dependerá, como hemos dicho al comenzar, principalmente de la ayuda que para su ejecución podamos recibir del gobierno federal.[73]

El programa de rehabilitación económica ejecutado en Puerto Rico tenía que ser avalado por el Gobierno de EE. UU. ya que este podía anular cualquier iniciativa que no cumpliera sus intereses. El plan coalicionista no logró ese propósito. Para las autoridades metropolitanas la caña de azúcar no representaba el futuro de la economía insular.